- miércoles 29 de octubre del 2025
La jueza Servini indicó que el Poder Judicial no puede ordenar un requisito que la regulación normativa no establece.
Se trata de la causa "Observatorio por el Derecho a la Ciudad" y la decisión se fundó en la falta de "caso judicial".
Cientos de planteos tramitaron en enero y, algunos, tuvieron resolución. Un breve repaso para comenzar la actividad bien informado.
En una sesión especial de 20 hs. la norma alcanzó 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones. Propone una reforma laboral regresiva, privatizaciones, facultades extraordinarias, eliminación de la moratoria previsional, lavado de activos, entre otros puntos.
Los candidatos deberán transitar el procedimiento de audiencia pública que prevé el Reglamento de la Cámara de Senadores. Luego de ello, necesitan 2/3 de miembros presentes para su designación.
Un repaso por la normativa y por las distintas etapas que lo integran: la nominación, el acuerdo del Senado y el decreto de designación.
Lo hizo a través del Decreto 558/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial; el funcionario tendrá jerarquía de Secretario.
Luego de haber liberalizado el sector aerocomercial este miércoles, el Presidente designó a María Julia Cordero como interventora de la ANAC por el plazo de 180 días.
Tras haber logrado un acuerdo con los Gobernadores, el presidente Milei busca institucionalizar el “Pacto de Mayo”; el organismo tendrá un rol de asesoramiento y se encargará de elaborar proyectos normativos siguiendo esos lineamientos.
Será para cobrar durante el mes de agosto para las prestaciones a cargo de la ANSES, tal como lo estipula el decreto 667/2024 publicado este jueves en el Boletín.
El Ente Nacional de Comunicaciones pasará a estar conducido por un esquema unipersonal hasta el 7 de julio del 2025.
El Poder Ejecutivo amplió el secreto para la adquisición, fabricación, construcción de obras de infraestructura y la importación de material relacionado con la incorporación del sistema de armas, así como lo relativo a sus negociaciones y trámites en materia de defensa.
Será para reemplazar el puesto correspondiente al Instituto Nacional de Racismo y Xenofobia (INADI) disuelto el 5 de agosto.
Mónica Edith Frade, Maximiliano Ferraro y María Victoria Borrego, diputados nacionales por la Coalición Cívica, presentaron la acción que recayó ante el juez federal Santiago Carrillo. Solicitaron una medida cautelar para que se suspenda su vigencia.
El Gobierno formalizó la salida de la ministra luego de conocer la votación ante la ONU respecto al bloqueo de Cuba; asume quién se desempeñaba como Embajador ante los Estados Unidos.
El Ente se encargaba de “alcanzar el 100% de la cobertura en agua potable y redes cloacales” en todo el país. La decisión se publicó este jueves en el Boletín Oficial mediante el decreto 1020/2024.
El niño de 12 años, que difunde en redes sociales contenidos sobre el trastorno del espectro autista, inició una acción judicial para que el Presidente borre una publicación agraviante en su contra.
Un repaso ante el vencimiento de las delegaciones de la Ley Bases.
El fallo destacó que la publicación -vinculada al niño con autismo- no constituyó un acto estatal ni un agravio directo y que las cuentas de los funcionarios públicos están protegidas por la libertad de expresión.
Así lo decidió el magistrado federal Adrián González Charvay. Consideró que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a las restricciones presupuestarias.
La presentación era contra la resolución que ordenaba el archivo de la causa. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo F. Hornos consideraron que hubo un exceso de rigor formal, pero aclararon que esta decisión no implica tomar una postura sobre el fondo de la cuestión planteada.
La decisión adoptada por el juez federal Alejandro Patricio Maraniello admitió parcialmente el pedido de la hermana del presidente Javier Milei y Secretaría General de la Presidencia para que cese la difusión de audios que le habrían sido grabados en la Casa de Gobierno de manera presuntamente ilegal.
La Secretaria General de la Presidencia desistió de la acción que había interpuesto y alegó que “la propia medida cautelar ha devenido abstracta” en virtud de la denuncia penal presentada por el Estado Nacional para investigar posibles delitos en relación con los audios.
Entre la urgencia alegada por el Poder Ejecutivo para dictar el DNU 697/2025 y las exigencias de control republicano que impone la Constitución, el caso plantea una pregunta esencial: ¿puede un decreto reemplazar la deliberación democrática en materia de defensa y soberanía?
